Sobre las Leyes Orgánicas y los Proyectos de Ley

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Vivimos en un momento de profundos cambios legislativos, estamos asistiendo a una auténtica reforma estructural de muchos ámbitos de nueva vida y eso implica nuevas leyes y nuevas regulaciones, implica eliminar algunas leyes e incorporar otras, todo ello implica, a su vez, muchos cambios y en muchos casos estos provienen de los denominados proyectos de ley. Conozcamos más sobre ellos y sobre las leyes orgánicas.

Las leyes orgánicas, los proyectos de ley y la Constitución

Concretamente en este artículo vamos a referirnos a aquello que dice la Constitución Española sobre las leyes orgánicas y los proyectos de ley, pues son piezas esenciales a conocer.

Concretamente la Carta Magna determina que son “son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución” (art. 81.1 CE) y sobre estás dice que su “…aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto” (art.81.2 CE)

Precisamente en una ley orgánica es donde la CE destaca que cabe regular “las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley” y que para esto “en todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia” (art.87.3 CE)

El proyecto de ley

Las proposiciones de ley que se presenten se tramitarán según lo que regula el Reglamento de las Cámaras, y si bien los proyectos de ley tienen debida prioridad (art.89.1 CE), dicha prioridad no puede impedir el ejercicio de la iniciativa legislativa que emana del mismo artículo 87 de la CE, según establece el mismo punto 89.1 de la CE mencionado.

A su vez la CE determina que “las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa” (art. 87.2 CE).

Los proyectos de ley deberán ser aprobados por el consejo de ministros (art. 88.1 CE) y entonces serán sometidos al Congreso. Para su sometimiento los mismos irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios. Todo ello con la finalidad de que el Congreso pueda expresarse sobre ellos.

Una vez que el Congreso de los diputados apruebe un proyecto de ley (de ley ordinaria u orgánica) este seguirá su transitar y se dirigirá al Senado. Una vez que el proyecto de ley se encuentra en el Senado, este dispondrá de 2 meses (o 20 días si el proyecto a deliberar es declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, según emana del artículo 90.2 CE) para poder oponer su veto o para introducir enmiendas al proyecto. Todos estos plazos de tiempo se entienden desde el momento en el que el Senado recibe el texto.

En el caso de que el Senado decida imponer su veto al proyecto de ley del cual se está deliberando, el mismo veto deberá de ser aprobado por mayoría absoluta.

Entonces decir que “el proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple”. (art.90.2 CE)

Y finalmente, para que la ley adquiera plena vigencia y aplique “el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación” (art. 91 CE).

Como podemos ver todo un largo transitar el que conduce a la aprobación de una ley (aquí no hablamos de decretos-ley u otros que si bien también son leyes pueden tener un funcionamiento diferente), un transitar que bien podríamos decir a grandes rasgos que va desde que se encuentra en fase embrionaria (proposición de ley), o mejor dicho, antes incluso, desde que se idea, desde el planteamiento de la misma, hasta la fase de “dar a luz” a la misma, es decir, su entrada en vigor y por supuesto, pasando todo ello por la gestación (anteproyecto de ley, proyecto de ley, etc.) de la misma.