Sobre las muestras de ADN en procesos judiciales

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La toma de muestras de ADN en los procesos judiciales es un asunto muy delicado, un asunto tan delicado que ha generado y genera mucha controversia. Uno de los aspectos más delicados es sobre la necesidad de que para la toma de dichas muestras la persona de las que se obtienen las mismas cuente en ese momento con asistencia letrada o bien que esta no sea preceptiva. Sobre este asunto va a versar este artículo.

Las muestras de ADN atañen a la esfera más personal de las personas implicadas, por ello las mismas merecen una especial protección. Tanto en su toma, como en su procesado, así como en su posterior conservación y uso las garantías deben de ser máximas, y es que los datos de ADN son uno de los datos más íntimos de cualquier ser vivo.

Muestras de ADNVista la importancia del ADN un simple análisis superficial puede llevar a responder sobre la aparentemente obvia necesidad de que la persona a la que se le van a tomar muestras para disponer de su ADN tenga el derecho a disponer de asistencia letrada para afrontar con garantías ese momento. En los últimos tiempos esa aparente obviedad se ha visto puesta en duda.

Mediante el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el legislador planteo la intención de que dicha necesidad de asistencia letrada no resultase preceptiva. Hace algún tiempo el Tribunal Supremo desbarató tal pretensión y reafirmo tal necesidad, estableció que sí que resulta preceptiva la asistencia letrada en los momentos de toma de muestras de ADN.

Concretamente el Alto Tribunal estableció que dado que la obtención de tales pruebas supondrá para toda la vida del afectado/a una especie de prejuicio pues siempre existirá una prueba preestablecida que incluso podrá derivar en cargos no puede ni debe entenderse de ningún modo que tales muestras sean tomadas sin la presencia de un letrado para garantizar la defensa de los derechos más elementales de su cliente.

Tanto es así que el alto tribunal estima que aún y cuando la persona a la que se le van a tomar las muestras de ADN autorizase supuestamente de forma voluntaria que le fuese tomada la muestra ello no sería válido, ni podrían ser admitidas las muestras cómo prueba en juicio de no haber sido tomadas las mismas ante la presencia del letrado que asista a quien se le van a tomar las muestras, y previamente el mismo haya podido informar y asesorar adecuadamente a su cliente al respecto.

Lo contrario a lo anterior supondría, a entender del alto tribunal, una clara violación de dos preceptos fundamentales de clave importancia. A entender del Tribunal Supremo la ausencia de asistencia letrada supondría colisionar directamente con el espíritu de los artículos 17.3 y 24 de la Carta Magna. Artículos que están centrados en los derechos fundamentales y en las libertades públicas de las personas y que concreta y respectivamente establecen que:

Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca” (Art. 17.3 CE), y que (entre otras cosas que establece el artículo 24 en su plenitud “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia” (Art.24.2 CE).

Otro apunte al respecto interesante de realizar, es que si bien tal y como se ha visto en este artículo la asistencia letrada resulta sine qua non para la toma de muestras de ADN, la misma puede no resultar preceptiva cuando para un concreto proceso judicial quieran utilizarse a modo de contraste muestras obtenidas en antiguos procesos, siempre y cuando la persona acusada no ponga en cuestión ni en entredicho que las mismas son lícitas y válidas.