Sobre los delitos contra los ciudadanos extranjeros

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En muchas ocasiones los ciudadanos extranjeros que residen en nuestro país tienen determinadas situaciones personales y profesionales que les convierten en colectivos especialmente vulnerables, por ello la ley de nuestro país establece unas figuras específicas con el fin de proteger a estos de situaciones que se puedan producir contra ellos. Por este motivo, el vigente Código Penal establece en su apartado relacionado con los “delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros” los supuestos que están catalogados como ilícitos penales en este ámbito y sus consecuencias penales.

Supuestos de delitos contra los ciudadanos extranjeros

De reseñar resulta decir que en este ámbito se encuentran reguladas las penas que atañen única y exclusivamente las cuestiones relacionadas con los supuestos de personas que pueden quedar en especial situación de vulnerabilidad por ser víctimas de inmigración ilegal o clandestina y por el hecho propiamente dicho; en ningún caso en este apartado estamos hablando de delitos generales que puedan afectar a ciudadanos extranjeros que en todo caso aplicarán al común de lo establecido en el Código Penal, ni tampoco estamos hablando del ordenamiento o reglamentación administrativa o de otros ámbitos que pueda existir relacionado con los derechos de los ciudadanos extranjeros ni su situación en el país, que nada tiene que ver con este punto que aquí se está tratando.

Aquí, en este punto concreto, como se decía, única y exclusivamente se está tratando sobre aquellos delitos relacionados con participar en acciones de inmigración ilegal o clandestina, y para estos casos el Código Penal dicta en su artículo 318 bis que será reo de un delito contra los ciudadanos extranjeros “el que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea”, ello significa que ya no tan sólo será castigado quien es el actor directo que favorece que un inmigrante acceda a nuestro país o a la UE de forma ilegal o clandestina, sino que también alcanza a quien puede no participe en ello directamente pero sí que lo haga de algún modo, ya sea este modo directo o indirecto.

Penas aplicables

Y ¿qué tipos y nivel de penas aplican a este tipo de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros? Veámoslas.

De entrada cabe decir que la pena general establecida para los delitos cometidos en el marco del artículo 318 bis mencionado es de cuatro a ocho años de prisión. A partir de esa base cabe establecer las características particulares siguientes.

Así quienes para cometer los delitos mencionados anteriormente lo hagan con “ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, serán castigados con las penas en su mitad superior. Si la víctima fuera menor de edad o incapaz, serán castigados con las penas superiores en grado a las previstas en el apartado anterior”

También serán castigados con estas penas señaladas en el párrafo anterior con un adicional de inhabilitación absoluta de seis a doce años quienes tales hechos los relacionen prevaliéndose de su condición de autoridad, ya sea este un agente de la misma o un funcionario público.

Todas estas penas superiores en grado también serán impuestas a quienes cuando “el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades”, si además el culpable es alguno de “…los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado”.

Para finalizar, indicar que tal y como se decía al principio la voluntad del legislador en este ámbito es proteger al eslabón más débil de la cadena de la inmigración ilegal y clandestina, por ello persigue las acciones que tienen que ver con el abuso que pueden sufrir las personas que se encuentran en una situación desesperada y deciden emigrar de su país y no ataca directamente el emigrante en sí mismo, es decir, puede haber muchas otras consideraciones y aspectos que tratar pero jurídicamente en lo que en este punto atañe cabe decir que lo perseguido no es la acción de emigrar ilegal o clandestinamente sino la acción de fomentarlo o facilitarlo como hemos visto, considerando estas acciones como delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.