Sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores

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En este caso vamos a centrarnos en aquellos casos que atañen directamente a los trabajadores y que deben ser dirimidos y tratados en la jurisdicción penal, no vamos a abrir el abanico a otros supuestos que se pueden producir en el ámbito laboral pero que no atañen concretamente al mismo y que deben dirimirse en el ámbito penal.

Cuando existen conflictos en el ámbito laboral asociamos los mismos esencialmente con la jurisdicción social y bien cierto es que la mayoría de supuestos que se dan corresponden y se dirimen en esa jurisdicción pero también existen supuestos que aplican y corresponden a la jurisdicción penal, analicemos estos supuestos.

Destacar cabe que aquí nos vamos a centrar estricta y exclusivamente en aquellos casos que atañen directamente a los trabajadores y que deben ser dirimidos y tratados en la jurisdicción penal, no vamos a abrir el abanico a otros supuestos que se pueden producir en el ámbito laboral pero que no atañen concretamente al mismo y que deben dirimirse en el ámbito penal. En estos casos estaríamos hablando de delitos genéricos como robos, hurtos, delitos contra la propiedad industrial o muchos otros que pudieran aplicar.

Lo que dice el Código Penal

Para empezar analicemos el primero de los delitos contra los trabajadores que estipula el vigente Código Penal español, el mismo dicta en su artículo 311.1 que serán castigados por un delito contra los derechos de los trabajadores “los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”. Dicho de otro modo, quienes a un trabajador le impongan las situaciones anteriormente reseñadas serán castigados con la pena de seis meses a seis años de prisión más una multa de seis a doce meses.

La misma pena aplicará a quienes “den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social” (art. 311.2 CP) con los debidos condicionantes establecidos en el mismo artículo al respecto (número mínimo de trabajadores afectados para que pueda ser considerado un ilícito penal, etc.).

Posteriormente el Código Penal se adentra en el castigo para quienes trafiquen con mano de obra de forma ilegal. Para estos el vigente Código Penal establece unas penas de dos a cinco años de prisión y de seis a doce meses de multa.

En otro orden de cosas, pero dentro del mismo ámbito, el que haga creer a una persona que tiene un contrato o colocación en el extranjero sin que ello sea cierto o utilice otro tipo de engaño semejante será castigado con la misma pena que la detallada en el párrafo anterior.

Discriminación y riesgos laborales

Luego, el Código Penal se adentra en su artículo 314 en las penas que acarrearán quienes produzcan una grave discriminación dentro de una relación de empleo tanto público como privado por razones ideológicas, religiosas o creencias, también para aquellos por motivo de etnia, raza, nación, sexo orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusválida. Y también quien discrimine por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales del país, todos ellos serán castigados con penas de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses siempre y cuando no atiendan a los requerimientos o sanciones administrativas que restablezcan la situación de igualdad.

La limitación del derecho a la huelga o del derecho a la libertad sindical también está penado, así quienes atenten contra estos derechos serán condenados con penas que van entre los seis meses de cárcel y los tres años de prisión y una multa de seis a doce meses de duración.

Finalmente, el Código Penal en este ámbito castiga a quienes actúen lesionando las normas de riesgos laborales pues el mismo establece que serán reos de un delito contra los derechos de los trabajadores “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física… ” y para estos dicta que “serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”. (art. 316 CP).