Sobre los registros en nuestra propiedad privada y otras consideraciones

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En boca de todos está la voluntad del gobierno español de liquidar en la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la necesidad de que exista una orden judicial en algunos supuestos de interceptación de comunicaciones. Dicho de otro modo, el gobierno español plantea y planea que se puedan proceder por ejemplo a escuchas telefónicas sin que me medie un juez que previamente lo autorice.

Lo anterior, por supuesto, no está exento de polémica y ya ha hecho poner el grito al cielo de muchas organizaciones y personas que claman por lo que consideran una intromisión salvaje en la vida privada de las personas y la vulneración a principios como el la inviolabilidad de la propiedad privada o del secreto de las comunicaciones. Aquí no entraremos a valorar la idoneidad o no de tal cambio ni a juzgarlo, pero sí que nos abre un espacio para tratar un tema no idéntico, pero si íntimamente relacionado, el que establece la LECr sobre los registros en los edificios y lugares públicos.

intervención comunicacionesSupuestos concretos

Específicamente en este artículo vamos a centrarnos en lo referido en el apartado denominado “de la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica” del mencionado Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir del título VIII del mismo, o lo que es lo mismo desde los artículos 545 al 588 (ambos inclusive).

Quizá el punto más relevante de todos lo encontramos en el artículo 545, pues del mismo nace uno de los elementos básicos que es el del principio de no violabilidad de domicilios, concretamente ello queda expuesto cuando el mismo artículo refleja que “nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes”.

Nadie, por supuesto, a no ser que exista una autorización judicial de por medio –y/o que así lo prevea la ley-, pues este supuesto concreto sí que lo prevé la ley, estableciendo que “el Juez o Tribunal que conociere de la causa podrá decretar la entrada y registro, de día o de noche, en todos los edificios y lugares públicos, sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación” (art. 546 LECr).

Antes de proseguir es interesante detenernos un instante a analizar dos de los puntos establecidos en el nombrado artículo 546, y esos dos aspectos no son otros de la condicionalidad que marca la ley de la necesidad de que existan indicios para que la autoridad judicial pueda ordenar, veamos:

Así podemos ver que el artículo 546 de la LECr nos dice por un lado que “el juez o tribunal… podrá decretar”, esta mención concreta al “podrá” y no a otras figuras como indicar directamente “ordenará” u otras por el estilo es muy relevante pues destaca la voluntad del legislador de aún dar más fuerza a la inviolabilidad mencionada como piedra angular de la norma, pues mediante el “podrá” faculta pero no obliga, habilita pero no exige que el juez o tribunal deba autorizar un registro domiciliario ante cualquier petición que se le presente, a priori, venga tal petición de donde provenga.

Y por otro lado vemos que el artículo 546 de la LECr nos indica que “decretar la entrada y registro…cuando hubiere indicios” Esto también es sumamente relevante, pues el mismo juez tampoco tiene potestad absoluta para ordenar un registro, sino tan sólo cuando se estime que existen tales indicios que así lo aconsejen.

Por supuesto, todo ello tiene sus consideraciones particulares, y una de las más relevantes la encontramos en el artículo 550 LEcr donde se dice que “podrá asimismo el Juez instructor ordenar en los casos indicados en el artículo 546 la entrada y registro, de día o de noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él, que constituya domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, pero precediendo siempre el consentimiento del interesado conforme se previene en el artículo 6 de la Constitución, o a falta de consentimiento, en virtud de auto motivado, que se notificará a la persona interesada inmediatamente, o lo más tarde dentro de las veinticuatro horas de haberse dictado”.

Siendo muy relevante aún al respecto lo que dice el artículo inmediatamente posterior de la misma LECr. Artículo que nos expresa que “se entenderá que presta su consentimiento aquel que, requerido por quien hubiere de efectuar la entrada y el registro para que los permita, ejecuta por su parte los actos necesarios que de él dependan para que puedan tener efecto, sin invocar la inviolabilidad que reconoce al domicilio el artículo 6 de la Constitución del Estado”.

Otro de los aspectos que conviene mencionar es el de que exista digamos que cuidado en las formas en las que se procede a la entrada y registro autorizado. Ello lo exige expresamente la LECr en su artículo 552 al indicar que “al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción”.

Todo ello sin perjuicio de que “los Agentes de policía podrán, asimismo, proceder de propia autoridad a la inmediata detención de las personas cuando haya mandamiento de prisión contra ellas, cuando sean sorprendidas en flagrante delito, cuando un delincuente, inmediatamente perseguido por los Agentes de la autoridad, se oculte o refugie en alguna casa o, en casos de excepcional o urgente necesidad, cuando se trate de presuntos responsables de las acciones a que se refiere el artículo 384 bis, cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen, así como al registro que, con ocasión de aquélla, se efectúe en dichos lugares y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito perseguido”, sin menoscabo de que se exija que “del registro efectuado, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se dará cuenta inmediata al Juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y de los resultados obtenidos en el mismo, con especial referencia a las detenciones que, en su caso, se hubieran practicado. Asimismo, se indicarán las personas que hayan intervenido y los incidentes ocurridos” (todo ello en el art. 553 de la LECr)