¿Todo se debe poder votar y decidir?

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Poder votar y decidir

Vivimos tiempos convulsos, tanto a nivel nacional, como comunitario e internacional en general. Tiempos convulsos de profundos cambios sociales y de profundas peticiones de cambio en muy variados aspectos: peticiones de cambio en el terreno territorial, peticiones de cambio en la aplicación de muchas políticas sociales y muchos otros cambios que demanda la sociedad. ¿Deben atenderse todas estas peticiones? ¿Cualquier petición debe permitirse? Y en caso afirmativo, ¿cuándo debe aplicarse esta petición? ¿Cuándo existe una mayoría que lo quiere? Y vamos más allá aún, ¿qué sucede cuando alguna de estas peticiones colisiona con la ley? ¿Qué sucede cuando algo que se pide de una forma pacífica contraviene la ley? ¿Debe perseguirse o por el contrario debe cambiarse la ley para que tenga cabida la petición? Veamos.

Poder votar y decidirDemocracia y el imperio de la ley

Decir que este artículo se podría enfocar desde el pensamiento, desde el enfoque del pensamiento personal de quien realiza el mismo, si fuese así obviamente el texto debería tender a decir que aquello que forma parte de la ideología, de los valores de quien firma estas líneas debería ser atendido y no entrar a valorar aquello que no entra dentro de esos intereses particulares, pero eso tendría muy poco o nulo interés para la persona lectora. El texto no debe basarse en el sesgo interpretativo según una determinada opinión. Así que lo que este artículo pretende aportar es simplemente una visión objetiva del tema desde una visión general del mismo, aportando unos inputs, pero sobre todo invitando a la reflexión sobre cada punto, y especialmente al debate, pues es desde el debate, y desde el resultado del debate donde se encontrará probablemente el punto clave del tema en general, lejos de las disputas fratricidas que provocan visiones sesgadas y partidistas de los asuntos.

Un acercamiento rápido al asunto podría llevarnos a decir que si vivimos en un estado democrático, si vivimos en un entorno de países democráticos todo lo que la ciudadanía pida de forma mayoritaria debe de ser atendido en aras de la democracia, pero, ¿qué sucede si aquello que se pide no resulta admisible desde una óptica democrática? ¿Qué sucede si le ley que se aprobó democráticamente prohíbe una petición también legítima y democrática? Y, ¿qué sucede cuando una determinada legitimidad democrática como es la de los representantes escogidos democráticamente choca con la voluntad popular que emana de las mayorías ciudadanas que solicitan tales cambios? Son asuntos distintos dentro de un tema en general. Veamos entonces las distintas respuestas al respecto.

Lo legítimo, el concepto de democracia y la mayoríaDemocracia, legal y legítimo

Respondiendo a la primera cuestión diremos que obviamente pudiera parecer que toda petición si es pedida por una mayoría debe de ser atendida, así como debería ser atendida y es legal que cualquier ley aprobada de forma democrática impone temas que no son precisamente democráticos. Así, si un determinado parlamento escogido de forma democrática aprueba que aplique la pena de muerte, las torturas, la segregación racial o cualquier otro ejemplo por el estilo, ¿debe ser válido y permitirse o debe perseguirse? Lo mismo para el caso en los que por ejemplo la mayoría de las personas de un determinado territorio aprueben por ejemplo por mayoría perseguir a personas de determinada etnia o asuntos por el estilo, ¿Qué debe hacerse? Democráticos serán, si entendemos por democráticos que han sido aprobados por una mayoría ciudadana que ha ido a votar libremente, pero ¿deberán ser legales? ¿Serán legítimos? Material para el debate, sin duda.

Dando respuesta a la segunda de las cuestiones, dando respuesta a qué sucede cuando una ley democrática vigente sirve de muro, de cortapisa para una petición que proviene de una mayoría también democrática, pacífica y legítima, podría decirse que la respuesta la deberemos encontrar en aquello que interpretamos por democrática y legítima. La ley vigente es democrática, y debemos de presuponer que en este caso también hablamos de un supuesto que es legítima, del mismo modo la petición también resulta legítima. Probablemente, en este punto nos encontraremos en una doble línea de pensamiento, una doble línea de pensamiento en la que en realidad no existe verdad ni mentira, en realidad las dos líneas tienen sus razones y de ahí el conflicto, del choque de legitimidades. Y choque de legitimidades pues visto desde una óptica diremos que la ley ya establece unos mecanismos para que la misma sea modificada y que si se quiere modificar para poder realizar lo solicitado por una mayoría debe seguirse el procedimiento que la misma ley establece, y por la otra óptica se podrá decir que, eso, a priori, puede estar muy bien, pero que debe buscarse otro modo de atenderse las peticiones mayoritarias cuando la ley no permite su modificación, o cuando el procedimiento para modificarla está pensado precisamente para evitar que en realidad cambie nada o, para, que en la práctica sea imposible llevar a cabo el cambio..

Y todo ello nos lleva a una tercera y última respuesta, respuesta a la cuestión de interpretar dónde reside la soberanía, dónde reside el poder de decisión y la potestad de decidir, ¿en los representantes que la población ha escogido o en la población misma? Evidentemente, según el funcionamiento actual de nuestras instituciones y de nuestro ordenamiento, la soberanía reside en cada una de las personas, y el poder de decisión y la potestad de decidir se presupone que también pero ello se articula a través de los representantes que la misma ciudadanía escoge.

Una articulación, la anterior, nada fácil, y mucho menos cuando esa estructura creada colisiona con nuevas peticiones ciudadanas que las personas escogidas para aplicarlas no lo hacen. Aquí entraríamos en un duro y agrio debate en el cual podríamos hablar de si la solución está en volver a escoger a los representantes una y otra vez o si bien es el sistema mismo lo que no funciona, y de un modo u otro, debe hacerse un reseteo de reinicio. No es la intención de este artículo entrar en ese debate, pero sí que resulta interesante finalizar con dos consideraciones generales: las leyes deben cambiar leyes para adaptarlas al mundo actual no al revés (si fuese al revés seguiríamos comerciando con esclavos por ejemplo y sería perfectamente legal. De legal serlo lo sería, otra cosa es si sería justo y legítimo o si no lo sería para nada por inhumano, dañino y cruel), del mismo modo que los representantes de quien les escoge deben tener como función atender las peticiones de quien les escoge y no al revés.